CONCEPTO DE CLÁUSULA ABUSIVA

 

Origen y definición de cláusula abusiva

Si hay una idea o concepto legal que ha estado presente en los medios de comunicación desde el inicio de la crisis económica, ése ha sido el de cláusula abusiva, especialmente referida a cláusulas contractuales incluidas en escrituras de préstamo hipotecario que se formalizaron para adquirir viviendas durante el llamado boom inmobiliario. Pero ¿cuándo una cláusula incluida en un contrato puede considerarse abusiva?

Una cláusula abusiva o cláusula leonina, es toda cláusula contractual no negociada individualmente, cuya incorporación viene impuesta por una sola de las partes. Este tipo de cláusula o condición va en contra del principio de buena fe, causa un grave desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del trabajador, consumidor o una de las partes contractuales. La ley considera las cláusulas abusivas nulas de pleno derecho lo que no implica la nulidad del contrato aunque puede verse alterado sustancialmente.1

La expresión cláusula leonina toma su origen de una fábula de Esopo: una vaca, una cabra y una oveja habían hecho compañía con un león, y cazaron un ciervo. Partiéndolo en cuatro partes, y queriendo cada uno tomar la suya, dijo el león: la primera parte es mía, pues me toca como león; la segunda me pertenece porque soy más fuerte que ustedes; la tercera me la tomo porque trabajé más que todos; y quien tocare la cuarta, me tendrá por su enemigo; de modo que tomó todo el ciervo para sí. En esta fábula se halla el origen de la expresión “cláusula leonina”.

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Marco legal de la cláusula abusiva

El concepto de cláusula abusiva aparece recogido en el artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1998, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en el artículo 82 del T.R.(Texto Refundido)  de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 16 de noviembre de 2007, que traspuso la Directiva citada al derecho español y derogó la anterior Ley sobre la misma materia. Para la Ley son cláusulas abusivas aquellas estipulaciones contractuales que no han sido negociadas individualmente por el consumidor y que, en contra de la buena fe, causan en perjuicio del consumidor un desequilibro importante en los derechos y obligaciones que derivan de un contrato.

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España, art. 80 del Texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios

En España, el art. 80 del Texto refundido de la Ley general para la defensa de consumidores y usuarios, exige que los contratos con consumidores y usuarios cuando incorporen cláusulas no negociables individualmente, reúnan determinados requisitos:

  1. La redacción de dichas cláusulas debe ser concreta, clara y sencilla. Impide el reenvío a otros textos o documentos que no se faciliten en ese momento, así como las cláusulas ambiguas.
  2. Cognoscibilidad: debe ser accesible y legible de manera que el consumidor sepa antes de celebrar el contrato de la existencia y contenido de la cláusula.

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Elenco de cláusulas abusivas  que establece la Ley para la defensa de consumidores y usuarios

La ley establece un elenco de cláusulas abusivas, algunas de las cuales se integran en alguna de las siguientes categorías:

  • Cláusulas que vinculan el contrato a la voluntad del empresario.
  • Cláusulas que limitan el derecho de los consumidores y usuarios.
  • Cláusulas que determinen falta de reciprocidad en el contrato.
  • Cláusulas que imponen al usuario garantías desproporcionadas o impongan sobre el usuario la carga de la prueba.
  • Cláusulas que resulten desproporcionadas respecto de la perfección y ejecución del contrato.
  • Cláusulas que contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.

Regula cada una de estas categorías estableciendo su régimen jurídico y los efectos o eficacia de cada una de ellas, así como las condiciones generales de contratación, el derecho de desistimiento y otras operaciones como el pago por tarjeta de crédito.

La Sentencia de marzo de 2018 del Tribunal Supremo establece que los bancos deben pagar parte de los gastos de constitución (notaría, registro…), pero que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) y el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) corre íntegramente por cuenta del prestatario, es decir, el solicitante de la hipoteca.7

 

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Entre las cláusulas que recoge la ley en su lista negra, podemos citar a modo de ejemplo:

–  Aquellas que establecen la exención de responsabilidad del empresario por incumplimiento contractual o la imposición al consumidor de renuncias a derechos que le correspondan.

–  Las que reserven al empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato y las que autorizan al empresario a resolver anticipadamente un contrato si no se concede la misma facultad al consumidor.

– Las declaraciones de adhesión del consumidor a cláusulas respecto de las cuales no ha tenido conocimiento real antes de celebrarse el contrato;

–  Las que imponen al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo sea el empresario.

– Las que le obliguen a subrogarse en la hipoteca del empresario o le impongan bienes y servicios complementarios no solicitados por él.

– Las que sometan el contrato a arbitrajes distintos del arbitraje del consumo o de arbitrajes institucionales creados para un sector específico;

Las de sumisión a un Juez diferente de aquel que corresponde por el domicilio del deudor o por el lugar en el que esté situado el inmueble.

 

                                 “No toda cláusula nula es abusiva pero si toda cláusula abusiva es nula”

 

 

Fuentes:                                                                                                                                                                                                                                                                                         https://es.wikipedia.org

https://tuGuíalegal.com/

http://www.budi-abogados.com/

 

 

 

 

 

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